No puedo afrontar la pensión de alimentos de mis hijos

La actual situación económica cae sobre los ciudadanos como un jarro de agua fría. Acaba mostrando su peor cara en los diferentes ámbitos de nuestra vida: en el pago de la hipoteca o el alquiler, en la pérdida y búsqueda de empleo, en el mantenimiento de nuestras necesidades alimenticias y las de nuestros hijos.

No son hechos aislados, todos estos ejemplos tienen un punto de unión en la gran mayoría de casos: una estructura económica que no garantiza el acceso del ciudadano a unos derechos básicos.

Cuando se tienen hijos, priorizamos sus necesidades antes que las nuestras. Parece una obviedad en las relaciones paterno-filiales y una regla básica con la que cualquier padre o madre puede identificarse a la perfección. Sin embargo, cuando eso ya no es posible, cuando nuestros hijos acaban siendo víctimas de nuestra situación económica familiar, pasamos a otra dimensión bien distinta.

Es cierto el dicho “los divorcios son para ricos”. Cuando los progenitores están separados las cosas se complican aún más si la capacidad económica se ve mermada. Se incrementan cada vez más los casos de personas (en su mayoría padres) que no pueden hacer frente al pago de la pensión de alimentos. ¿Qué solución existe para estos casos?

Muchos padres acuden a su abogado para solicitar la extinción o suspensión del pago de la pensión. Sin embargo, no es fácil conseguirla. El criterio que desde largo tiempo han venido manteniendo nuestros tribunales es que la satisfacción de las necesidades de los hijos menores ha de primar sobre la satisfacción de las propias necesidades de los progenitores, que han de sacrificarlas a favor de la satisfacción de las de aquéllos. Por ello, se hace difícil conseguir la suspensión temporal si no es en casos de extrema gravedad o situaciones de verdadera exclusión social.

Con este criterio judicial se prolongan en el tiempo situaciones de impago que acaban afectando, sin lugar a duda, a los hijos. Y más allá de hacer una reflexión sobre si procede o no un cambio en la interpretación de la ley, lo cierto es que, a mi modo de ver, lo que motiva esta situación no es otra cosa que la devaluación de los derechos económicos y sociales de las personas.